University wake-up call: petition demands closure of mining institute

VANCOUVER, BC – Over 1000 individuals and civil society organizations are signatories to a letter petitioning coalition universities to dissolve the mining, oil, and gas think-tank headquartered at UBC.

Among the signatories are professors Glen Coulthard (UBC), David Suzuki (UBC, emeritus), Stephen Collis (SFU), Stephen Brown (U. of Ottawa), and Boaventura de Sousa Santos (U. of Coimbra), and author Naomi Klein. Many other professors and hundreds of students at the coalition universities join them. Additionally, hundreds more community members, stakeholders, and public intellectuals have added their names to the petition, including Hugo Blanco, community organizer and editor of Peru’s Lucha Indigena; Alberto Acosta, economist and former member of Ecuador’s Constituent Assembly; and Uruguayan journalist Raúl Zibechi.

Funded $24.6M by the federal government, plus roughly $21M more by coalition universities and strategic partners, the Canadian International Resources and Development Institute—CIRDI (formerly known as CIIEID)—has received consistent opposition by academics and civil society alike.

Addressed to the Presidents and Boards of Governors of UBC, SFU, and École Polytechnique de Montréal, the petition specifically lists a loss of academic freedom, biased representation and conflicts of interest, lack of credibility and trust, and a lack of accountability as the reasons to pull out of the agreement with the federal government. It states that the signatories do not want their universities “linked with an industry currently being rejected by many communities in Canada and around the world because of its destructive impact on their lives and on the environment.”

A project with origins in the Prime Minister’s Office, in 2013 the coalition of three universities signed an agreement with the federal government to run the institute mandated to intervene in developing countries’ “policy, legislation, regulatory development and implementation, training, technical assistance, and applied research related to their own extractive sectors.”

A fundamental disconnect in CIRDI’s mandate, however, is that these so-called developing countries’ own extractive sectors are comprised in their majority by Canada-based transnationals. Indigenous and non-indigenous communities, and grass-roots organizations in solidarity with those affected by extractive projects have long been calling for an end to the impunity that Canadian companies have, and demand mechanisms of accountability in Canadian legislation to hold the companies accountable in our courts for abuses committed abroad.

Now academics, alumni, rights-holders, and stakeholders across Canada and in Latin America have made it clear to the decision-makers at the universities that, rather than attempting to overhaul a fundamentally flawed experiment, it is now time to take the precedent-setting step of dissolving CIRDI, advocating rather for research into the role and impacts of Canadian extractivism abroad that is truly independent from conflicted interests.

The letter states that “an appropriate institute would rather be accountable to communities impacted by extractive projects, and emphasize their rights to free, prior, and informed consent, which includes the right to legislate against or reject a given extractive project. The appropriate problem to be addressed by such an institute is Canada’s responsibility in resource extraction conflicts both here and abroad, and the lack of accountability for Canadian companies accused of abuses abroad.”

Signatories to the petition expect the Boards of Governors to write off the sunk cost resulting from the 2013 decision and ultimately to dissolve the Canadian International Resources and Development Institute.

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More information: The student-run website stoptheinstitute.ca hosts information on CIRDI, critiques, recommendations, an open communiqué, and a blog with updates on the campaign to close the institute. See also CIRDI’s own website, and this March 2014 brief by MiningWatch Canada on the new institute (at the time called CIIEID).

View full text of the petition here: stoptheinstitute.ca/petition

Contact info:

General information: info@stoptheinstitute.ca

 


 

Llamado a las universidades para tomar acción: petición para disolver el instituto minero

VANCOUVER, CANADÁ– Más de 1000 individuos y organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta de petición para pedir que la coalición de universidades en Canadá disuelva el instituto minero, petrolero y gas que tiene su centro de operaciones en la Universidad de British Columbia ubicada en Vancouver.

Entre los signatarios se encuentran profesores de la Universidad de British Columbia incluyendo a Glen Coulthard, y profesores de la Universidad de Simón Fraser como a Stephen Collis, el profesor emérito David Suzuki, y la escritora Naomi Klein. A ellos se suman signatarios notables de América Latina y del mundo que incluyen al líder indígena y editor de la revista Lucha Indígena de Perú, Hugo Blanco, el economista y ex-miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, el periodista uruguayo Rául Zibechi y el conocido profesor Boaventura de Sousa Santos de la Universidad de Coimbra, Portugal.

Financiado con $24.6 millones del gobierno federal y alrededor de $21 millones por las universidades de la coalición y sus socios estratégicos, el Instituto Canadiense de los Recursos Internacionales y el Desarrollo – CIRDI (por sus siglas en inglés, y antes llamado CIIEID) – ha sido objeto de oposición constante tanto por académicos como de la sociedad civil.

La petición que está dirigida a los Presidentes y la junta administradora de la Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Simón Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal, específicamente menciona que: la pérdida de la libertad académica, la representación parcializada, conflictos de interés, la falta de credibilidad, de confianza, y de rendición de cuentas son las razones para salir del acuerdo con el gobierno federal. Destaca que los signatarios ven dañino los vínculos de universidades con una industria que se encuentra rechazada por varias comunidades en Canadá y en todo el mundo por sus impactos destructivos en comunidades y en el medio ambiente.

CIRDI es un proyecto con orígenes en la oficina del Primer Ministro cuando en 2013 la coalición de tres universidades firmó un acuerdo con el gobierno federal para gestionar el instituto con el mandato de intervenir en “las políticas, leyes, desarrollo e implementación regulatorio, capacitación, asistencia técnica e investigación aplicada relacionada a sus propios sectores extractivos de los países en vías de desarrollo.”

Una incoherencia fundamental en el mandato de CIRDI es que los sectores extractivos de los llamados “países en vías de desarrollo”  están compuestos en mayoría por transnacionales basadas en Canadá. Las comunidades indígenas, no indígenas, y organizaciones de base en solidaridad con los pueblos afectados por proyectos extractivos han hecho continuos llamados para tomar cartas en el asunto y poner fin a la impunidad de las empresas canadienses. Así mismo, han exigido mecanismos de rendición de cuentas en la legislación canadiense para que dichas empresas se hagan responsables en nuestras cortes por los abusos cometidos en el extranjero.

Ahora académicos, ex-alumnos y miembros de la comunidad impactados en Canadá y América Latina han dejado en claro a los que toman las decisiones en las universidades que en vez de intentar reparar un experimento irremisiblemente defectuoso y dañino, es hora de establecer un precedente y disolver el CIRDI y promover en su lugar investigación sobre el rol y los impactos que tiene el extractivismo canadiense en el extranjero y que sea realmente libre de conflictos de intereses.

La carta destaca que “un instituto apropiado debería rendir cuentas a las comunidades impactadas por proyectos extractivos, y enfatizaría sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de rechazar cualquier proyecto extractivo. El enfoque apropiado de tal instituto sería sobre la responsabilidad de Canadá en los conflictos causados por la extracción de recursos, tanto en Canadá como en el extranjero, así como abordar la escasa rendición de cuentas por las multinacionales canadienses acusadas de alguna participación en abusos en el extranjero.”

Los signatarios de la carta de petición esperan que la Junta Directiva se comprometa a disolver el Instituto Internacional Canadiense de Desarrollo de Recursos.

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Más información: La página web de estudiantes stoptheinstitute.ca contiene información sobre CIRDI, análisis, recomendaciones, un comunicado abierto y un blog con información actualizada sobre la campaña para disolver el instituto. Vean también la página web de CIRDI y este informe de marzo de 2014 de MiningWatch Canadá sobre el nuevo instituto (entonces llamado CIIEID).

Ver el texto completo de la petición aquí.

Contactos:

Información general: info@stoptheinstitute.ca